Condenados por matar a niño con agrotóxicos podrían quedar libres

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Asunción, Paraguay, Viernes 23 de Febrero de 2007

Alfredo Lautenschlager y Herman Schlender, condenados por la muerte del niño Silvino Talavera por intoxicación con agrotóxicos en Itapúa, podrían quedar libres gracias a una suspensión impuesta por el juez César Delgadillo, quien dictaminó medidas sustitutivas, como “limpiar sanatorios”, “reforestar clubes sociales” y “no tomar bebidas alcohólicas”.

Petrona Villasboa junto a asesores sociales y jurídicos de la Conamuri y la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay denunciaron ayer la injusticia.

La pena de dos años de cárcel impuesta a los implicados en la muerte del niño Silvino Talavera podría quedar anulada tras la solicitud de suspensión de la condena aprobada en el tribunal encarnaceno, prometiendo medidas compensatorias a la comunidad.

 El menor murió en enero del 2003 a consecuencia de haber sido rociado en forma accidental con insecticidas, durante la fumigación de un sojal cercano a la vivienda donde vivía con su familia, en la localidad de Pirapey.


 La suspensión fue aprobada el 26 de enero pasado por el juez de ejecución interino Dr. César Delgadillo, mientras el juez oficial de ejecución Dr. Pedro Quintín Cardozo se encontraba de feria judicial .
Delgadillo resolvió suspender la ejecución de prueba de condena, aplicando el artículo 44 y decidió las obligaciones y medidas sustitutivas para ambos condenados, como limpiar las instalaciones del centro de salud de Pirape'y y reforestar el predio del club social de la zona.
Otra sanción puesta consiste en comparecer trimestralmente en el juzgado de Encarnación, no salir del país ni beber bebidas alcohólicas.

Por su parte, Petrona Villasboa, madre de la víctima, repudió el hecho y anunció que presentará una apelación al juzgado de Encarnación por la medida irregular de revocación de la condena a prisión a Laustenlager y Schlender

 
Juan Martens, abogado de la Coordinadora por los Derechos Humanos del Paraguay, indicó que la decisión de liberar a los condenados es ilegal y nula, ya que Delgadillo como juez de ejecución solo debía asegurar sus derechos en prisión. “La nulidad existe, ya que Delgadillo fue el presidente del tribunal que les condenó”, señaló.

Este fue el primer caso de judicialización por intoxicación y muerte, debido a agrotóxicos, en el país, que fue difundida en diversos medios internacionales por su trasfondo de lucha social y campesina ante los productores. Otros casos no han salido a la luz porque la mayoría de ellos “ocurren en el silencio de las comunidades campesinas acorraladas por agrotóxicos”, sostuvo en su momento la Red Rural.